La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) 2026 en México introduce cambios relevantes en el juicio contencioso administrativo, con impactos directos en el comercio exterior y el litigio aduanero. Uno de los elementos más significativos es la incorporación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como autoridad facultada para interponer recursos de revisión, lo que redefine el equilibrio procesal entre particulares y Estado.