La Unidad de Inteligencia Financiera, actualizó los formatos que materializan el cumplimiento de diversas obligaciones de la LFPIORPI.

Analizamos Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, que define las previsiones económicas, la política de ingresos y la propuesta de gasto público para el próximo año.

Analizamos el Acuerdo del 21 de agosto de 2026 que amplía las facultades de DGPEDA para dictaminar y establecer origen de mercancías y sus límites frente a las verificaciones del SAT.

Las nuevas disposiciones modifican el modelo de cumplimiento para Actividades Vulnerables: evaluación de riesgos, clasificación de clientes, perfil transaccional, beneficiario controlador y mecanismos automatizados.

El Decreto del 4 de agosto de 2026 refuerza la transparencia de contrataciones públicas, empresas filiales y actividades de fiscalización. Su aportación más clara es la actualización mensual de contratos y convenios modificatorios, por lo que las empresas deben conocer estos lineamientos.

La medida concede tiempo adicional para ajustar procesos, pero no elimina la obligación de preparar información, conservar contratos ni atender requerimientos. El periodo transitorio debe emplearse para validar trazabilidad documental y capacidad de transmisión en Ventanilla Digital.

La autoridad pasa de un esquema de advertencia o calificación como práctica indebida, a una prohibición expresa dentro del Anexo 29.

La autoridad pasa de un esquema de advertencia o calificación como práctica indebida, a una prohibición expresa dentro del Anexo 29.

La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) 2026 en México introduce cambios relevantes en el juicio contencioso administrativo, con impactos directos en el comercio exterior y el litigio aduanero. Uno de los elementos más significativos es la incorporación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como autoridad facultada para interponer recursos de revisión, lo que redefine el equilibrio procesal entre particulares y Estado.

La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) 2026 en México introduce cambios relevantes en el juicio contencioso administrativo, con impactos directos en el comercio exterior y el litigio aduanero. Uno de los elementos más significativos es la incorporación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como autoridad facultada para interponer recursos de revisión, lo que redefine el equilibrio procesal entre particulares y Estado.