Ley de Tecnología Financiera pretende prevenir el lavado de dinero
De acuerdo con información publicada por El Economista, se dio a conocer el primer borrador de la iniciativa que dará paso a la Ley de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, basada en cinco ejes: profundización financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad del sistema financiero, promoción de la competencia así como prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el documento en poder de este medio, con esta ley se regularán las plataformas que realizan actividades financieras con el uso de la tecnología, especialmente las que operan en temas como fondeo colectivo (crowdfunding), fondos de pago electrónico y la administración de activos virtuales.
“La presente iniciativa propone la expedición de la Ley de Tecnología Financiera con el objetivo de regular las actividades financieras que se realizan a través de la tecnología (...) Las nuevas instituciones que se pretende regular traen aparejadas otras ventajas competitivas como son el uso de macrodatos para el análisis de información o la inteligencia artificial para innovar y generar nuevas soluciones para las necesidades de la población”, se puede leer en el documento.
Con esta iniciativa, se pretende otorgar más facultades a autoridades del sistema financiero como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y al Banco de México para tener una supervisión y control sobre las fintech.
Asi, las fintech que quieran entrar al mercado requerirán el aval de la CNBV para realizar sus operaciones, cosa que hasta ahora no sucede, operan sin estar autorizados ni supervisados por la autoridad financiera, salvo algunos casos.
El documento, el cual la autoridad tiene que discutir con los diferentes gremios del sistema financiero para después llevarlo al Congreso de la Unión, ya contempla reglas de aspecto prudencial para las fintech, tales como requerimientos de capital, montos máximos de operación y divulgación de riesgos.
“Lo que se busca es establecer un marco general de autorización y operación supervisada a las fintech, imponiéndoles reglas prudenciales en materia de riesgos financieros, operacionales, de mercado, tecnológicos (ciberseguridad), gobierno corporativo y reglas de contabilidad. Asimismo, se busca que el mercado de tecnologías financieras se desarrolle con límites y montos máximos de operaciones con el fin de evitar el arbitraje regulatorio con otros sectores, buscando pisos parejos y competencia sana”, explica el documento.
Además, la iniciativa propone reglas para la protección al usuario, por ejemplo: las fintech estarán obligadas al uso de una cuenta de depósito de dinero en una institución de crédito o entidad financiera facultada para recibir depósitos, con la finalidad de reducir el riesgo del mal uso de los recursos de los clientes.
Para la autorización de operaciones, estas entidades tendrán que presentar los modelos de contratos de adhesión que pretendan utilizar para documentar las operaciones y servicios con sus clientes, en términos de la Condusef, así como los procesos de gestión de reclamaciones en términos de esta autoridad.
A pesar de esto, en el capítulo especial del fondeo colectivo, la iniciativa describe a los usuarios de las plataformas crowdfunding como inversionistas y solicitantes, es decir, no serían ahorradores aquellos que confíen sus recursos en éstas, pues no se establecen mecanismos de protección al ahorro, como lo hay en los bancos u otro tipo de entidades formales.
En materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la iniciativa pretende que las fintech tengan un esquema de plena identificación de inversionistas y solicitantes de fondeo.
“Para mitigar el riesgo de realización de estas actividades ilícitas (lavado de dinero) se prevé como regla general que las fintech únicamente reciban y entreguen dinero a sus clientes a través de cuentas del sistema financiero”, detalla la iniciativa.
“Cada fintech deberá llevar un registro de cuentas sobre movimientos transaccionales que permita identificar a cada titular de los recursos y los saldos que, como resultado de dichos movimientos, mantengan con la propia fintech, incluyendo los fondos de pago electrónico y activos virtuales de cada cliente”, se puede leer en el artículo 53 del documento.
Principales aspectos
Faculta a las autoridades del sistema financiero para tener mayor control sobre las fintech.
Establece mecanismos para protección al cliente; sin embargo, el gobierno no se hace responsable, ni garantiza los recursos de los usuarios, por operaciones fallidas de las fintech.
Busca la implementación de mecanismos en estas entidades para la prevención de lavado de dinero, tales como la identificación plena de sus clientes.
Clasifica a las fintech en tres ejes: crowdfunding, fondos de pago electrónico e intercambio de activos virtuales.
Contempla el Regulatory Sandbox, para las empresas innovadoras, las cuales tendrán la opción de operar temporalmente para conocer qué tipo de regulación les será aplicada.
Se daría paso a la creación del Consejo de Tecnología Financiera, compuesto por autoridades y el sector privado.
