Sector siderúrgico prepara amparos contra la Ley de Transición Energética
Diversas empresas del sector siderúrgico y otras altamente intensivas en el consumo de energía preparan amparos contra la Ley de Transición Energética, al considerar que los costos adicionales en que incurrirán sus abastecedores de electricidad se traducirán en pérdida de competitividad para sus negocios y por tanto, en mayores precios de manufacturas.
El tema de fondo es que en 2018 se exigirá a todos los generadores de energía del país que 5% de su energía provenga de fuentes limpias o que compren certificados de energía limpia (CEL) equivalentes a este volumen.
Las empresas que mantienen su inconformidad argumentaron durante la discusión de la aprobación de esta ley que implicará un aumento importante en los costos de electricidad. Por esa razón, en diciembre el Congreso añadió a la ley el transitorio 22 con que se retrasó la entrada en vigor del mercado de certificados de energía limpia hasta el 2022, ya que si bien la compraventa de estos instrumentos será obligatoria a partir del 2018, su precio podrá no ser determinado por la oferta y la demanda, sino que tendrá un techo de 60 Unidades de Inversión (Udis) por megawatt hora durante los primeros tres años.
